Tribunal de Cundinamarca deja en firme fallo por reventa de boletas

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho formulada por los demandantes Ramón Jesurún, Alvaro González y Andrés Tamayo contra la Superintendencia de Industria y Comercio por el caso de la reventa de boletas. 

De igual manera, la decisión del Tribunal "es condenar en costes a los demandantes: por Secretaría, liquídense las mismas conforme al Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", dice la resolución. 


"La decisión se da por la sanción impuesta por el 'Cartel de Reventa de Boletas de la Eliminatoria al Mundial de Rusia 2018", cita en sus redes sociales el abogado, Andrés Barreto. 

Caso polémico

Es un caso de nunca acabar. En julio pasado, la Fiscalía General le imputó cargos a la exfiscal Yajaira Cáceres, quien trabajaba en la investigación del caso, por falsedad ideológica en documento público y cohecho impropio, los cuales no aceptó en audiencia el 15 de julio pasado. 

"Mientras investigaba el escándalo de la reventa de boletas, en dos ocasiones habría aprovechado la investigación asignada y el correo institucional de la Fiscalía para solicitar al gerente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF)
acreditaciones para ir a los partidos en Colombia y Rusia... Dice la Fiscalía que la exfiscal Yajaira Cáceres hizo pasar por agentes del CTI a su esposo y sus amigos para recibir boletas y asistir gratis a los encuentros deportivos en Colombia y en Rusia", se indicó. 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso multas por 18.000 millones de pesos en el proceso por conducta anticompetitiva contra la Federación Colombiana de Fútbol y sus máximos jerarcas, entre ellos Jesurún y González, porque simularon una licitación para montar un esquema que permitió el desvío de miles de boletas hacia el mercado negro, segpun el fallo. 

El superintendente Andrés Barreto confirmó que fueron sancionadas 17 personas naturales y tres agentes de mercado "por haber ejecutado o facilitado la conducta anticompetitiva". El caso pasó precisamente a la Fiscalía, donde se adelanta la investigación.